Los países andinos han manifestado otras preocupaciones al bloque europeo.
En las primeras horas del día de ayer, 6 de diciembre de 2022, se informó que delegados del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, alcanzaron un acuerdo provisional sobre el texto del Reglamento que establece la prohibición del comercio en el mercado de la Unión Europea para ciertos productos, cuando tengan relación con la deforestación: café, aceite de palma, cacao, madera, carne de vacuno, caucho y soya, y algunos de sus derivados.
De acuerdo con el reglamento, se exigirá a los agentes en la Unión Europea que verifiquen previamente que los productos importados: (i) no están asociados con la deforestación; (ii) hayan sido producidos de acuerdo con la legislación pertinente del país de producción y (iii) cuentan con la declaración de que ese producto fue sometido a un examen de debida diligencia en la cadena de suministro.
Adicionalmente, habrá unas reglas sobre frecuencia de controles dependiendo de la clasificación del riesgo del país o región de donde proceda el producto y sanciones como multas, incautación de mercancías, o exclusión de las empresas de las licitaciones públicas, entre otras.
El Gobierno de Colombia ha hecho un seguimiento permanente al avance legislativo de esta iniciativa y ha presentado sus preocupaciones al bloque en todos los niveles técnicos y políticos.
Especialmente, se manifestaron preocupaciones relacionadas con los criterios de evaluación de los países y naturaleza discriminatoria de los productos; los mecanismos onerosos de diligencia debida, geolocalización y trazabilidad; e insuficiente período de transición.
Adicionalmente, en lo relacionado con los sobrecostos en los que se tendrá que incurrir para asegurar el cumplimiento de estos estándares, que podrían excluir en ocasiones o poner en riesgo el ingreso digno, especialmente de los pequeños agricultores y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las restricciones comerciales son inadecuadas para abordar las preocupaciones ambientales y pueden conducir a distorsiones comerciales, oportunidades comerciales reducidas y mayor empobrecimiento, con efectos limitados para la conservación de los bosques.
Este acuerdo provisional se presentará al pleno del Parlamento y al Consejo de la UE para su consideración y aprobación definitiva, posiblemente en mayo de 2023. Su entrada en vigencia se daría a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial.
No obstante, la aplicación de las reglas que podrían impactar a nuestras exportaciones tendrá un periodo de transición de 18 meses, según el acuerdo provisional alcanzado. Esta norma se podría extender a otros productos y a otros ecosistemas en el futuro.
Ante la inminencia de la aprobación de esta norma, Colombia solicitó apoyo financiero y técnico de la Unión Europea en la implementación de un proyecto de cooperación a gran escala para la preparación de estos sectores agrícolas y pecuarios.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en colaboración con los Ministerios de Agricultura y Ambiente, así como con los gremios y empresas exportadoras, se seguirán adelantando mesas de trabajo para identificar las principales necesidades de adecuación, capacidad de respuesta para contribuir en la construcción de una Hoja de Ruta para la preparación de los sectores frente a estos nuevos desafíos de sostenibilidad que se presentan en el comercio internacional.
OTROS ASPECTOS
Colombia no solamente ha manifestado sus preocupaciones frente a este Reglamento. Junto con Ecuador y Perú, plantearon a la Unión Europea su preocupación por los cambios regulatorios derivados del Pacto Verde Europeo, en el marco de los Subcomités Técnicos y del IX Comité de Comercio realizados entre el 14 y 28 de octubre de 2022.
En dicha oportunidad, se hizo el llamado para que estas iniciativas no se conviertan en nuevas barreras al comercio que podrían tener un impacto directo en las exportaciones agrícolas y agroindustriales.
Específicamente, los países andinos presentaron a la Unión Europea 3 declaraciones conjuntas frente a otras preocupaciones sobre legislaciones derivadas del Pacto Verde Europeo:
1) De la Granja a la Mesa, que exige nuevos estándares de sostenibilidad vinculados a agroquímicos, etiquetado, certificaciones, sellos, empaques y la trazabilidad.
2) Prohibición del uso de agroquímicos, indispensables para los cultivos de exportación de la región andina y la reducción de los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos.
3) Contenido máximo de cadmio, en chocolate y otros productos derivados de la caca.
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