El comercio exterior en Colombia atraviesa una crisis estructural debido al Decreto 659 y su normativa complementaria, que han introducido más trámites y obligaciones que complican a los empresarios y operadores logísticos. Este marco regulatorio, lejos de modernizar y facilitar las operaciones, está generando costos adicionales, incertidumbre jurídica y barreras para la competitividad internacional del país.
Un panorama de rezago aduanero
El sistema aduanero colombiano enfrenta una "década perdida". La modernización, necesaria para impulsar la transformación digital y alinearse con prácticas globales, sigue siendo una promesa incumplida. Según expertos, el enfoque actual se basa en modas regulatorias adoptadas en Latinoamérica sin una adaptación efectiva al contexto colombiano, lo que denota improvisación en las políticas implementadas.
Obstáculos claves generados por el Decreto 659
El decreto, concebido para fortalecer el control y la transparencia, está teniendo efectos contrarios como:
Falta de análisis técnico: La normativa fue expedida sin un estudio exhaustivo de impacto. Resoluciones como la 097 y 185 de 2023 contienen errores que dificultan su aplicación y generan incertidumbre.
Complejidades regulatorias: Las zonas francas, depósitos, operadores de transporte multimodal y otros actores enfrentan ajustes operativos significativos, incluso el riesgo de desaparecer. Las nuevas exigencias como la declaración anticipada encarecen las operaciones y desmotivan la inversión.
Impacto en figuras estratégicas: El Operador Económico Autorizado (OEA), que garantiza confianza y eficiencia en operaciones internacionales, ha visto deteriorada su figura debido a la obligatoriedad de trámites como la declaración anticipada, afectado su reputación a nivel global.
Sanciones automáticas: El decreto introdujo como el abandono automático y sanciones por extemporaneidad sin posibilidad de defensa, violando principios básicos de debido proceso y generando inequidad.
Efectos económicos y competitivos
El exceso de trámites y las políticas poco articuladas con el Acuerdo de Facilitación al Comercio impiden que Colombia se integre en cadenas globales de valor. Este rezago quedó reflejado en el índice Business Ready 2024, donde el país ocupó el puesto 37 de 50, destacándose por su infraestructura deficiente y la falta de digitalización en aduanas.
Los expertos advierten que la solución no pasa por añadir más trámites, sino por simplificar procesos y fortalecer la confianza entre las autoridades y los empresarios. Incorporar tecnología como la inteligencia artificial para mejorar la gestión de riesgos y establecer mesas de trabajo con los sectores afectados podría ser un primer paso hacia la modernización. Sin estos cambios, el comercio exterior colombiano seguirá enfrentando sobrecostos, pérdida de competitividad y barreras para la inversión extranjera. La modernización de la aduana debe centrarse en facilitar el comercio y promover la eficiencia operativa, asegurando un crecimiento sostenible en los mercados globales.
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