Aumento de aranceles a vehículos y motos a combustión: ¿qué significa para el sector automotor y de autopartes en Colombia?

El reciente proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que propone elevar los aranceles a las importaciones de vehículos y motocicletas a gasolina y diésel ha encendido las alarmas en el sector automotor. Asopartes advirtió que esta decisión podría frenar la recuperación del mercado en 2025 y golpear directamente el bolsillo de los hogares colombiano

¿Qué propone el Ministerio de Comercio?

El proyecto de decreto propone elevar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas a combustión como parte de la estrategia para desincentivar tecnologías contaminantes y acelerar la transición energética; de acuerdo con el documento oficial, se aplicaría un arancel de 40% a los vehículos a gasolina o diésel incluidos en 13 subpartidas de la partida 8703 y un arancel de 35% a las motocicletas a combustión correspondientes a 5 subpartidas de la partida 8711, entrando en vigor 15 días después de su publicación sin afectar los compromisos comerciales vigentes con países con los que Colombia mantiene tratados de libre comercio.

El argumento del Gobierno: transición energética y reindustrialización

El Gobierno justifica el aumento arancelario como parte de una estrategia para reducir la dependencia del país de combustibles fósiles que hoy abastecen el 95,9% de la demanda energética, avanzar en el cumplimiento de metas ambientales ante las altas emisiones del sector transporte (en especial material particulado PM2.5 asociado al diésel) y respaldar la Política Nacional de Reindustrialización (CONPES 4129), orientada a desarrollar cadenas productivas basadas en tecnologías más limpias; en conjunto, la medida busca desincentivar la importación de vehículos altamente contaminantes, acelerar la adopción de alternativas eléctricas y fortalecer la industria nacional.

Preocupación del gremio autopartista

Asopartes reconoce la necesidad de avanzar hacia tecnologías más limpias, pero advierte que un aumento arancelario de esta magnitud puede generar impactos significativos en la dinámica del sector. Entre las principales preocupaciones del gremio se destacan:

1. Posible incremento en los precios del mercado.

El mayor costo tributario terminaría reflejándose en el precio final de vehículos y motocicletas importadas, encareciendo su acceso en un momento de alta sensibilidad del mercado.

2. Caída en la demanda.

Un aumento de precios podría frenar la recuperación en ventas que el sector ha mostrado en 2025 tras varios años de desaceleración.

3. Impacto en talleres, distribuidores y comercios formales.

La red de servicios posventa depende de la rotación del parque automotor y de la entrada constante de modelos recientes. Un mercado contraído afectaría sus ingresos y operaciones.

4. Riesgo para el rebote del sector automotor.

El sector venía registrando señales positivas durante 2024 y 2025. Según Asopartes, un ajuste arancelario abrupto podría revertir ese proceso de recuperación.

La importancia económica del sector automotor y autopartista

Asopartes subraya que la industria automotriz y autopartista es un pilar productivo del país: genera más de 70.000 empleos directos, aporta alrededor del 2,5% del PIB industrial y sostiene miles de talleres, distribuidores y comercios especializados en las regiones; por ello, el gremio insiste en que cualquier transición hacia tecnologías más limpias debe hacerse de forma gradual, concertada y técnicamente fundamentada.

¿Qué viene ahora?

El sector privado espera espacios de diálogo con el Gobierno para ajustar la medida o aplicarla de forma progresiva, mientras se robustecen las opciones eléctricas, la infraestructura de carga y la capacidad productiva nacional.

El incremento arancelario propuesto responde a objetivos ambientales y productivos legítimos, pero sus efectos inmediatos podrían frenar la recuperación del sector automotor y aumentar los costos para consumidores y empresas. El desafío ahora está en encontrar un equilibrio entre transición energética, competitividad y bienestar de los hogares.