El Gobierno prorrogará el descuento de 20 céntimos por litro de combustible en 2023, pero solo para los camioneros, eliminándolo para el conjunto de conductores particulares. Es la previsión del presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, la mayor asociación de transportistas de España, que reveló este jueves que tras sus contactos con representantes de la Dirección General de Transportes confía en que mantengan las bonificaciones para el sector, pero no así para el resto de automovilistas.
La ayuda, que vence el 31 de diciembre, consiste en una subvención de 20 céntimos de euro por litro de carburante, de los que 15 céntimos corresponden al Gobierno y los 5 céntimos restantes corren a cargo de las estaciones de servicio. Aunque el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez está implicado en la medida por su competencia sobre el transporte de viajeros y mercancías, la voz cantante en esta materia la llevan los ministerios de Economía, Hacienda y Transición Energética. Sus titulares —Nadia Calviño, María Jesús Montero y Teresa Ribera, respectivamente— se han pronunciado en los últimos días a favor de restringir la medida solo a colectivos vulnerables (con bajas rentas) o que empleen el vehículo para ir a trabajar. La fórmula puede ser parecida a la que baraja Francia, que va a eliminar las subvenciones generales a finales de año y dará un cheque (de en torno a 100 euros) para los que usen el coche de forma profesional o personas con bajos ingresos.
De la Roza aclaró que, aunque su organización todavía no tiene “la certeza” de que se vaya a prorrogar la bonificación, su percepción optimista se basa en los contactos que mantiene con la Dirección General de Transportes. “Nuestro escenario es que nos lo bonifiquen”, afirmó Roza, quien pidió al Gobierno que aclare cuanto antes la posición y “no espere a última hora”. En cuanto a la duración que debería tener la prórroga, defendió que dicha bonificación se debería mantener hasta que el precio del carburante se situara en los niveles de diciembre de 2021. Actualmente, el diésel es un 30% más caro.
Denuncia contra Manuel Hernández
Por otra parte, De la Roza reveló que su organización se plantea denunciar por “difamación” a la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, la asociación minoritaria que impulso los paros en el sector tanto del pasado mes de marzo como en noviembre, aunque este último se saldó con un sonoro fracaso ante el escaso seguimiento. La denuncia se basaría en las acusaciones del presidente de Plataforma, Manuel Hernández, sobre la utilización presuntamente ilícita que hace la CETM de las ayudas para formación que recibe del Ministerio de Transportes.
“Recibimos 1.100.000 euros en ayudas para la formación, se reparten entre nuestras organizaciones y no nos llega el presupuesto para cubrir la demanda. El dinero de emplea en formar a los trabajadores y está controlado desde el primer al último céntimo”, ha defendido De la Roza.
Sobre las movilizaciones convocadas por la Plataforma, afirmó que “se acabaron diluyendo porque no había contenido” y añadió que tuvieron seguimiento en marzo por el desconocimiento entre los transportistas de los acuerdos alcanzados con el Gobierno y por la fuerte subida de los carburantes que se produjo en ese momento. En esta línea, criticó a la Plataforma, organización que considera “una forma populista que surge cíclicamente de una especie de salvapatrias”, que según denunció, acabaron “lanzando al sector a un paro sin sentido” que provocó daños a la economía y a las empresas de transporte.
Por último, defendió que la normativa para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas “tiene un porcentaje alto de cumplimiento” y recordó que los profesionales que sufran condiciones ilegales deben denunciar. En esta línea, valoró la próxima aprobación de un plan de inspección.
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