Más del 90% de empresas de transporte en Colombia en riesgo por nueva regulación SARLAFT

A partir del 6 de noviembre de 2025, las empresas de transporte terrestre en Colombia deberán cumplir con una nueva normativa de cumplimiento obligatorio: el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), según la Resolución 2328 de 2025 emitida por la Superintendencia de Transporte.

Aunque esta medida busca blindar al sector frente a delitos como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos, el reto para las compañías es inmenso. De acuerdo con cifras oficiales, el 91,8% de las empresas del sector son microempresas, muchas sin áreas de cumplimiento o tecnología adecuada, lo que las pone en riesgo operativo, financiero y reputacional. “El que no actúe a tiempo no solo se expone a sanciones económicas, sino a quedar atrapado en esquemas criminales que destruyen reputaciones construidas durante años”, advirtió Santiago Hernández, CEO de la firma Tusdatos.co. ¿Por qué esta norma es tan crítica?

En lo que va del 2025, autoridades han decomisado más de 7,5 toneladas de marihuana transportadas en camiones a lo largo de vías nacionales. Casos como el ocurrido en la ruta Medellín–La Pintada demuestran cómo la red logística puede ser usada por estructuras criminales. En este contexto, SARLAFT llega como un intento de cerrar brechas críticas en control y supervisión. A diferencia de su antecesor, el Siplaft, esta nueva versión exige una gestión integral del riesgo en cinco etapas: identificación, evaluación, control, monitoreo y documentación. Las exigencias son mayores, las sanciones también.

¿Qué exige el SARLAFT?

Las empresas deberán implementar una matriz de riesgos personalizada, diseñada según su zona de operación, tipo de carga y aliados comerciales. Además, será obligatorio designar un Oficial de Cumplimiento certificado, con formación técnica y experiencia comprobada, así como establecer procesos de debida diligencia para verificar antecedentes de clientes, proveedores, empleados y aliados. La normativa exige también capacitación obligatoria al personal en señales de alerta y procedimientos internos, la incorporación de tecnología que garantice trazabilidad, generación de alertas y reportes, y finalmente, la entrega de informes periódicos a la UIAF, entidad encargada de recibir y analizar la información financiera relevante.

Un cambio estructural para el sector

Uno de los componentes más transformadores será la integración con el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte, una plataforma en tiempo real que permite la trazabilidad de datos, operaciones y alertas. Esto obliga a muchas empresas a modernizar su infraestructura o aliarse con plataformas tecnológicas especializadas. Para las compañías que no se preparen, el panorama es preocupante: multas económicas, suspensión de la operación y un golpe severo a su imagen pública.