Nuevo régimen aduanero: Entre el control y la incertidumbre empresarial

El proyecto de ley presentado por la DIAN ante el Congreso busca establecer un nuevo régimen sancionatorio aduanero en cumplimiento de la sentencia C-072 de 2025. Aunque el Gobierno lo considera un paso hacia la modernización y el fortalecimiento del control contra el contrabando, los empresarios temen un aumento en la incertidumbre jurídica y operativa.

Un cambio necesario, pero con dudas

El proyecto, que debe ser aprobado antes del 20 de junio de 2026, promete una normativa “moderna y técnica” alineada con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, expertos y gremios señalan que el texto castiga los errores formales y podría afectar a las empresas que cumplen con sus obligaciones, sin diferenciar entre equivocaciones administrativas y conductas fraudulentas.

Preocupación del sector exportador

Desde Analdex, su presidente Javier Díaz advirtió que el modelo mantiene sanciones excesivas por fallas mínimas, como errores en direcciones o documentos, lo que “castiga la formalidad y abre espacio para el contrabando”. Según Díaz, la propuesta elimina el análisis de culpabilidad, aplicando sanciones automáticas sin considerar la intención del empresario.

Voces a favor y necesidad de equilibrio

Por su parte, el exdirector de la DIAN Lisandro Junco destacó avances como la reducción de infracciones y la inclusión de mecanismos de corrección voluntaria, que podrían mejorar la seguridad jurídica y reducir arbitrariedades. Sin embargo, coincidió en que el proyecto debe refinarse para distinguir el error del fraude y evitar que los trámites aduaneros se vuelvan un obstáculo logístico.

Impacto para el comercio exterior

El nuevo régimen impactaría directamente las operaciones logísticas y de comercio internacional, especialmente en importaciones y exportaciones. Un exceso de sanciones o ambigüedad normativa podría incrementar los tiempos de nacionalización, elevar costos de cumplimiento y frenar la competitividad del país.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió que el texto otorga demasiada discrecionalidad a la DIAN, lo que podría generar inseguridad jurídica. Mientras tanto, otros analistas insisten en la importancia de fortalecer la cooperación entre la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía para garantizar controles efectivos sin penalizar la formalidad.

Un reto contra el tiempo

Colombia tiene hasta junio de 2026 para aprobar una ley que garantice equilibrio entre control, eficiencia y justicia tributaria. La meta, según los expertos, será lograr una norma que diferencie el error humano del fraude, refuerce la transparencia y fortalezca la confianza en el comercio exterior colombiano.

En última instancia, el desafío será combatir el contrabando sin frenar la legalidad: un equilibrio crucial para la estabilidad de la economía y la competitividad logística del país.